Desde el 2015 a partir de los diálogos en La Habana para lograr el Acuerdo de Paz, pero especialmente por un fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional suspendió la aspersión aérea con glifosato, precisamente por ser un mecanismo que no sólo es lesivo para el medio ambiente, la salud humana, sino que también daña los demás cultivos de pancoger de las y los campesinos.

En Estados Unidos la empresa Bayer para el año 2019 tenía interpuestas 5.000 demandas por personas que al parecer empezaron a padecer de cáncer por el uso de ese herbicida; los países de la Unión Europea tienen vía libre para prohibir su uso, como por ejemplo Francia, que adelanta todo el proceso para prohibirlo en su totalidad; en Argentina 12 de sus ciudades prohíben su uso y comercialización, pero en Colombia insisten en ser una de las principales banderas de erradicación, aun sabiendo que no soluciona de fondo la no continuación de los cultivos de coca, ya que al ser la principal fuente de sustento del campesinado de zonas recónditas, ellos se ven en la necesidad de volver a cultivar, para ello se internan un poco más en selvas vírgenes, talan y vuelven a sembrar.

En la revista El Círculo Vicioso del autor Martín Jelsma, exponen cómo en la década anterior en la que se fumigaron más de 300.000 hectáreas, se violaron los derechos humanos de los campesinos quienes legitimaron aún más a los grupos guerrilleros ya que los apoyaban mientras se degradaba la legitimidad del Estado. Además, para la época, la Defensoría de Pueblo recepcionaba un gran número de denuncias por problemas de salud y ambientales cuando fueron lanzados los frentes biológicos elaborados para generar hongo y matar las matas de coca, marihuana y adormidera. No obstante, nunca se hicieron las investigaciones adecuadas para determinar qué tan nocivo era utilizar el glifosato y todos los químicos que forman esta mezcla. En ese tiempo, en el actual y en el círculo que se genera en esta “guerra contra las drogas”, el campesinado es el que lleva las de perder.

“La pérdida del sustento empuja al desplazamiento y a la migración. Después de que la coca, la adormidera y los cultivos de pancoger han sido fumigados, la población se ve forzada a desplazarse a centros urbanos o a otras áreas rurales. Los campesinos no son los únicos forzados a marcharse. Los raspachines, o jornaleros temporales, y la fuerza de trabajo periférica que sostiene la economía de las drogas, también se ven forzados a irse. La migración hacia las barriadas urbanas genera condiciones de vida espantosas, desempleo y miseria. La migración rural, por lo general, hacia la selva amazónica o hacia lo alto de las montañas, resulta en una búsqueda de tierra disponible para reemplazar el cultivo ilícito. Debido a la guerra o las fumigaciones, mucha gente debe desplazarse por segunda o tercera vez, en un proceso devastador para aquellos que deben afrontarlo”, restaba la investigación de esa época de Jelsma, y que está muy ligada a los efectos que ha conllevado en el sur del Meta el incumplimiento del Programa Nacional de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.

Leer más: https://elcuartomosquetero.com/la-sustitucion-que-no-llega-jaque-al-campesinado-del-meta/

Frente a esto, campesinos como Benigno Solar de la vereda La Reforma en el Guayabero manifestaron que de llegar la fumigación tendrían que seguir talando para volver a sembrar, pues aseguran que en esos terrenos ya no vuelven a crecer los cultivos.

Es importante tener en cuenta que, aunque se han intentado pasar proyectos de ley para impedir la aspersión aérea con glifosato, como sucedió en abril del 2021, este fue hundido por la bancada de partidos tradicionales -Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Conservador- ya que, en la premisa del Gobierno Nacional de estar en una lucha contra el narcotráfico, siguen viendo a las y los campesinos como grandes narcotraficantes y no como el eslabón más débil que termina siendo víctima del abandono estatal. El gobierno en cabeza de Iván Duque continúa desestimando el argumento de las y los campesinos de que el cultivo de hoja de coca es la fuente de sustento más viable en territorios que no cuentan con conexión vial, cadenas productivas y de comercialización, ni condiciones reales de vida digna.

Por ello, para los campesinos del Guayabero quienes han estado casi toda su vida -desde que empezaron a dedicarse a los cultivos de coca-, pero especialmente desde hace un año, luchando para proteger su fuente de sustento, enfrentándose con las Fuerzas Militares que adelantan los operativos de erradicación forzada que van en contravía del Acuerdo de Paz por no ofrecer una sustitución de cultivos de uso Ilícito, es desesperanzador ver la insistencia del gobierno de Duque de iniciar lo antes posible la erradicación mediante aspersión aérea con glifosato y mucho más en zonas de áreas protegidas en donde ellos se encuentran.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa Diego Molano, dejó en pie el Decreto 380 de 2021, que establece las reglas de juego en el momento en que se inicie la aspersión aérea con glifosato. No obstante, este decreto no habilita la fumigación aérea, sino que deja unas pautas a seguir para cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes CNE apruebe su reanudación.

Para aprobar esa reanudación requieren que esas pautas que están estableciendo cumplan con lo solicitado por la Corte Constitucional según la Sentencia T236 de 2017 y el Auto 387 de 2019:

• La regulación debe ser diseñada por un órgano distinto e independiente a las entidades encargadas de ejecutar el programa.
• La regulación debe derivarse de una evaluación de riesgo a la salud y otros riesgos, como el del medio ambiente; todo desde un proceso participativo.
• El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos.
• La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de la erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones deberá ser con condiciones de imparcialidad, rigor y calidad.

Es por esto que, el decreto establece que el CNE será el encargado de la destrucción de los cultivos, pero evitando las áreas de PNN, ecosistemas estratégicos, cuerpos de agua y centros poblados. Además que, de adelantarse en zonas susceptibles de afectar a comunidades étnicas, debe adelantarse consulta previa.

No obstante, para que oficialmente inicien las jornadas de fumigación, se requiere el concepto previo del Instituto Nacional de Salud (INS), el cual ya fue entregado y contiene un análisis de la evaluación de riesgos en diferentes escenarios. Así mismo, necesitan el concepto ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la cual no ha tomado una decisión al respecto. Empero, en noviembre del 2020 el ANLA realizó una audiencia pública para determinar si se hacían cambios al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Erradicación Aérea con Glifosato (Pecig), pero fue tutelado por campesinos que denunciaron que les fueron negados sus derechos a la participación en dichas audiencias virtuales. Por ello, la tutela fue escogida por la Corte Constitucional para su estudio.

Así mismo, 39 organizaciones solicitaron a la Corte Constitucional que articule una medida cautelar de suspensión del Plan de Manejo Ambiental derivado de las audiencias, pues no se garantizó una plena participación.

Por su parte, Pedro Arenas de VisoMutop, advierte que desde que en Colombia no se busque una reforma rural integral con una política de drogas donde se deje de criminalizar al campesinado continuarán los enfrentamientos entre las comunidades que subsisten de estos cultivos, contra el gobierno. «Somos partidarios del desarrollo rural alternativo, para nada compartimos la fumigación aérea, ni la erradicación terrestre que no la han vendido como algo favorable, pero hemos notado que como se torna violenta y enfrenta a las comunidades como si ellas fueran enemigas del Estado y les estigmatiza y las criminaliza señalándolas de ser instrumentalizadas por los grupos armados ilegales», advirtió.

Arenas también considera que, si se va a continuar invirtiendo mayor cantidad de recursos en erradicar –en una audiencia en el año 2019, Dejusticia expuso que la erradicación mediante aspersión aérea podía costar 72 millones de pesos por hectárea; y el gobierno afirmó que la erradicación manual costaba alrededor de cuatro millones de pesos por hectárea, sin contar cuando se originan enfrentamientos con las comunidades donde el pie de fuerza aumenta- con el argumento de estar en una «guerra contra las drogas» e insistir en que sea mediante aspersión aérea, no garantiza una presencial integral del Estado en los territorios, por eso enviaron una carta al presidente Joe Biden, pidiéndole que reconsidere el apoyo de Estados Unidos a éste programa que sólo dejaría más expuestas a las comunidades.

Pero, aunque aún faltan varios requisitos para que la fumigación aérea con glifosato tenga total viabilidad, las alarmas están encendidas para las comunidades que subsisten de los cultivos de coca, organizaciones de derechos humanos y ambientales.

Rechazamos la fumigación con glifosato y hacemos un llamado a la acción unitaria de quienes defendemos el Acuerdo Final de Paz.https://t.co/OUvsVGztB2#NoDecretoGlifosato#RechazamosDecretoGlifosato#GlifosatoNuncaMás pic.twitter.com/Nh34TYgkNq

— COCCAM COLOMBIA (@COCCAMColombia) April 13, 2021

Así mismo, una de las críticas que investigadores y defensores de derechos humanos han hecho al gobierno, es que también lancen campañas como Artemisa que se supone buscan frenar la deforestación y preservar la naturaleza, pero sólo ha representado la captura ilegal del campesinado de zonas de Parques Nacionales Naturales y jornadas de erradicación violentas.

Esto lo ha analizado Oscar Martínez de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, quienes hacen parte del Espacio Humanitario en el Guayabero, buscando garantizar la no violación de derechos humanos del campesinado. «En estos momentos nos preocupa mucho el tema de las fumigaciones, nos preocupa el que se amplíe y se siga desarrollando la operación Artemisa en el país y nos preocupa el incumplimiento en los acuerdos de paz, como la poca disponibilidad de las instituciones para poder dialogar (…) el asunto en El Guayabero no se quiere resolver por la vía del diálogo, el asunto en El Guayabero se quiere resolver por la vía de la fuerza», concluyó.

Pero sin importar el clamor de las comunidades campesinas que incluso advierten que de iniciar la aspersión entrarían en paro nacional indefinido, ni de las organizaciones de derechos humanos que piden que no le den un tratamiento de guerra a las familias cocaleras, finalizando el mes de abril llegaron 5 helicópteros de referencia Bell Huey UH1H donados por Estados Unidos para enfrentar los cultivos de uso Ilícito de Colombia y en este caso apoyar las jornadas de fumigación apenas se dé vía libre a éstas. Según RCN estas aeronaves estarían operando en Tumaco, Catatumbo, Guaviare y la serranía de la Macarena, éste último con un gran número de cultivos de coca concentrados en áreas de protección y zonas de PNN.

No, no era la primera vez que las y los campesinos del Guayabero tenían que ver llegar al Estado a su territorio, pero con todo el despliegue militar. No era la primera vez que tenían que sufrir atropellos por parte del Ejército y la Policía Nacional, inclusive con su Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Ya antes habían tenido que tragar humo, recibir golpes y ser tildados de guerrilleros. Sin embargo, no por ello era más fácil.

Entre el 18 al 25 de mayo del 2020, campesinos y campesinas de la región del Guayabero se estaban reuniendo masivamente como también sucedía a nivel nacional en territorios donde cultivan coca, ante la amenaza a su subsistencia que representaba la llegada de las tropas del Ejército Nacional encargadas de la erradicación forzada manual.

Recordemos que, finalizando abril, el Presidente Iván Duque informó que iniciaría la operación Artemisa, encargada de recuperar la selva húmeda y tropical, y por ello se priorizaría inicialmente las acciones y judicializaciones en los parques nacionales naturales: Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos. En el Meta sería la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creada mediante disposición 060 del 09 de diciembre de 2003, la encargada de adelantar tanto la protección de las áreas protegidas, como llevar a cabo los procesos de erradicación manual forzada.

A partir de la firma del Acuerdo de Paz, miles de campesinos del sur del Meta empezaron a acogerse al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el sueño de cambiar los cultivos de coca por proyectos productivos agrícolas y/o agropecuarios. Según informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC a corte de 31 de octubre de 2019, se habían erradicado 2.478 hectáreas de coca en el Meta y habían sido vinculadas al proceso 2.507 familias en La Macarena, 1.260 en Puerto Rico y 2.202 en Vista Hermosa, que evidencia la confianza que depositaron más de 5.000 familias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, para tener la posibilidad de cultivar productos lícitos.

Sin embargo, otras familias de esta región –como en gran parte del Guayabero- decidieron no acogerse porque manifestaron que el proceso de sustitución debería hacerse de manera gradual y con garantías para tener cómo subsistir el tiempo en que empezaran los proyectos productivos a producir y a ser rentables, o de lo contrario no tendrían cómo suplir sus necesidades básicas, ya que lo primero que exigía el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS era la erradicación voluntaria, por lo que, fue más evidente en qué territorios se estaban concentrado la presencia de estos cultivos y allí directamente se enfocaron las avanzadas de erradicación.

Estas publicaciones lograron tener tal alcance, que medios nacionales como Noticias Uno, hablaron de lo sucedido. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, emitió un comunicado en el que manifestó que, el accionar militar se debió a que campesinos y campesinas tomaron vías de hecho e iban a secuestrarlos para impedir la erradicación –el comandante luego afirmaría en medios que, con palos manifestantes pretendían raptar la tropa-. Además, ratificó su decisión de continuar con la erradicación, ya que así podrían desestabilizar al grupo residual liderado por Gentil Duarte.

A continuación, se profundizaba el proceso de estigmatización hacia los campesinos y campesinas. En entrevista a Marandúa Estéreo, el General Raúl Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, manifestó que “la comunidad viene siendo instrumentalizada por el grupo armado organizado residual, estructura séptima (…) obligan a la población a salir a enfrentar la tropa en asonada violenta por vías de hecho para fragmentar y secuestrar a quienes están adelantando operaciones, a quienes están haciendo erradicación manual”. Afirmación que, según él, nace porque la comunidad les ha informado que, si no participan en estas jornadas de protestas, deben pagar cinco millones de pesos ya que podrían hasta ser desaparecidos y que, además, las mujeres están sufriendo porque se les llevaron a sus esposos y están solas en sus hogares.

Esta afirmación es parcialmente cierta, por un lado, las y los campesinos del Guayabero no necesitan que nadie los obligue para proteger el cultivo por el cual subsisten en una zona sin carreteables, donde la única forma de llegar es por vía fluvial y tienen dos espejos en los que no quieren verse reflejados, que los motivan a no desistir, por un lado que las zonas donde las comunidades se acogieron al PNIS y subsistían totalmente de la coca, están casi deshabitadas y con pésimas condiciones de vida, ya que, o no les cumplieron o les han llegado a cuentagotas los proyectos productivos durante los últimos cuatro años, pero por otro lado, que años atrás cuando les erradicaron manual o mediante aspersión aérea, tuvieron que aguantar hambre mientras nuevamente podían tumbar montaña para seguir cultivando coca. 

No obstante, en el recorrido que hice a otros municipios de zona PNIS, me encontré que las veredas relativamente cercanas a la zona del Guayabero en donde se estaban generando las manifestaciones, recibieron varios llamados de auxilio por parte de las y los campesinos quienes pedían la solidaridad de las juntas de acción comunal, para que fueran delegaciones a apoyar la jornada de resistencia. La mayoría de veredas participó, con dos, tres o cinco campesinos como en gran parte de Vista Hermosa, en otras participaron de forma distinta, incidiendo con la institucionalidad para que se respetaran los derechos humanos de las y los manifestantes como me lo contaron en La Macarena, pero no recibieron ningún tipo de amenaza de ningún actor del territorio por no asistir directamente.

Sin embargo, en las veredas que brillaron por su ausencia, no recibieron ningún tipo de reproche por parte de la comunidad, pero sí vacunas por parte de las disidencias del grupo residual de Gentil Duarte,  como en el caso de “Palmeras” –según confirmó el Personero de Vista Hermosa- o como cuando hicieron llegar al entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de La Reforma en Vista Hermosa, una notificación que habían sido multados por diez millones de pesos por su “falta de solidaridad”, por lo que, tuvieron que recoger el dinero y entregarlo al grupo armado, aunque desconocen en qué sería invertido o si aportaría o no de alguna manera a la resistencia que adelantaban las y los campesinos. 

El dignatario de la junta se tuvo que ir de la vereda y a partir de lo sucedido, se generó un fuerte argumento para generalizar que el proceso de resistencia que estaba tomando fuerza en el Guayabero era liderado por la guerrilla, demostrando una realidad histórica de Colombia: los campesinos y campesinas siempre llevan la de perder cuando están en medio de la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, pues en este caso tanto quienes no estaban participando en las jornadas resultaron afectados como también quienes resisten en el Guayabero.

Desde allí Raúl Flórez empezó a tener espacio en medios masivos como Noticias Caracol, para minimizar las denuncias por violaciones de derechos humanos en el sur del Meta, al contraargumentar que estaban haciendo operaciones contra “la red de finanzas de las disidencias de las FARC”, y, por ende, cualquier accionar desmedido, era necesario.

Ante esto, las y los campesinos sabían que lo peor apenas estaba por empezar. Desde marzo, a nivel nacional otros seis departamentos estaban sufriendo por el despliegue militar para adelantar labores de erradicación, pese a que, a excepción de Chocó, todos se habían acogido al PNIS y tanto gobernaciones, alcaldías, como organizaciones de derechos humanos, solicitaban que por lo menos durante pandemia pararan los operativos. 

Aún con todas las denuncias por asesinatos, el estar enfrentando por un lado las consecuencias de la pandemia, la emergencia social y sanitaria generada por el covid-19, y por otro la arremetida del Ejército Nacional con sus procesos de erradicación forzada aun con toda la censura de las organizaciones sociales y académicas, el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, informaba que la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur de Estados Unidos, llegaba el 01 de junio al país para apoyar la lucha “contra el narcotráfico” y para asesorar las fuerzas de tarea conjunta donde más hay coca sembrada, es decir, la Hércules, en Tumaco, Nariño; Vulcano, en el Catatumbo; y Omega, en Meta y Caquetá.

Fernando Montes, reportero campesino de Voces del Guayabero siendo amedrantado por la fuerza pública. Seguidamente, él guardó su cámara Nikon en la maleta y salió a correr junto a un campesino que estaba protegiéndolo para alejarse un poco más del peligro. Pero el disparo salió de la nada, le dio en la mano izquierda con la que iba agarrando la maleta, le rasgó el dedo meñique y anular, atravesó la maleta, la cámara y volvió a salir.

El 04 de junio nuevamente el nombre de Fernando Montes salió a la luz pública, en el marco de los heridos en el plantón permanente para proteger su sustento de vida. En primera medida conocí que José, quien meses después me pediría que le dijera Primazo, fue herido directamente en la frente; otros cinco campesinos también habían resultado afectados: Jonatan de Jesús López, José Eulises Rincón, John Leider Villegas, Yimmi Solis y Jonier Muñetón. Sin embargo, fue Fernando quien se llevó la peor parte.

El el 04 de junio del 2020, soldados dispararon al reportero campesino Fernando Montes. Dos de sus dedos fueron destrozados y actualmente tiene problemas de movilidad en su mano derecha. A la fecha no ha podido hacerse revisar su mano pues teme por su vida.
Por: @VGuayabero pic.twitter.com/QMn59aTYds

— Lina Álvarez Camargo (@LinaMC_Alvarez) February 17, 2021

Aunque en este momento no conocía directamente a Fernando, o a Gallito, como le gusta que lo llamen, el video donde habla de lo que sucedió horas antes es descarnado, doloroso, se ve a un hombre de alrededor de 40 años de piel trigueña, con una mano destrozada, emanando mucha sangre y quien, a pesar de la herida, relata todo lo que sucedió.

Fernando se encontraba grabando como todos los días desde que arribaron las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el plantón que adelantaban más de mil campesinos para evitar que los militares erradicaran y en el que esperaban que llegaran instituciones encargadas de velar por los derechos humanos. Desde antes de las 5:00 de la mañana ya estaban cada uno en el punto correspondiente, cuando arribaron “tropas del ejército, de la policía antinarcóticos y se incrementa el pie de fuerza del ESMAD desde doce helicópteros del Batallón número 1 FUDRA adscrito al batallón de la Macarena, a cargo del Sargento viceprimero Sosa y el Capitán Alexander Rodríguez Pabón”, informó el comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Pero como había sucedido días antes, los ánimos se fueron acalorando y los militares abrieron fuego. Allí él resultaría herido, al igual que su cámara destrozada, ya que, en realidad, la precisión del disparo parecía tener como objetivo acallar a quien ya había sido tildado como persona no grata.

Con Gallito hablé en primera medida por celular, quería conocer sobre el importante trabajo de Voces del Guayabero y aunque le escribí a los seis –Bladimir Espitia, las dos reporteras, Jorge Hurtado y Edinson Álvarez- fue él quien estando en territorio empezó a resolver los interrogantes de esta periodista por ahora desconocida para ellos, pero quien parecía dispuesta a escucharlos. Él me respondió todo, pero entre más lo escuchaba, más me convencía de que no podíamos esperar más tiempo, que debíamos ir a Nueva Colombia, vereda donde luego se concentraría el conflicto, aun así, no fue sino hasta finales de agosto que podríamos ir a este territorio.

Para la época, existían múltiples restricciones para entrar a la región del Guayabero, sin embargo, Gallito junto con Bladimir Sánchez, ambos integrantes del medio de comunicación comunitario, hablaron con la comunidad, quienes consideraron oportuno que integrantes de El Cuarto Mosquetero –Edilson Ariza y yo-, entráramos en plena pandemia. En ese ir y venir, pude hablar a profundidad con este hombre de 44 años, quien, a varias horas de su hogar, después de cuatro meses sin trabajar, recuperándose de su herida, seguía con la firme convicción que, aunque pusiera su vida en riesgo, al igual que sus compañeros, tenían que seguir informando, pero sobre esto y de cómo llegamos después de un día y medio de viaje, luego lo abordaremos.

Su cámara quedó inutilizada, tiempo después Flórez se comprometería a entregarle una nueva herramienta de trabajo, pero sus palabras no las cumpliría. Gallito corrió con fuerza, trató de salir de allí, la mayoría de campesinos habían sido relegados hacia el río Guayabero, por la avanzada inclemente del ESMAD. Allí lamentablemente se cayó, así que la memoria que era lo que pensaba por lo menos salvar, se estropeó y con este daño se fue la oportunidad para el país de ver todo lo que el lente de este reportero campesino había grabado. Menos mal la información de sus compañeros se salvó. A la fecha de publicación de esta crónica, Gallito todavía no se ha hecho revisar la mano, evita tener que pasar mucho tiempo en San José del Guaviare y/o estar en estos escenarios públicos, pues teme por su vida.

Por ello, lo que estaba viviendo tanto Gallito como los demás integrantes de Voces del Guayabero, desde la orilla que se vea, es una clara violación a todos los derechos de los que gozan quien se dedican a la actividad periodística.

A esta fecha, ya había doce campesinos heridos. El General Flórez, volvió a manifestar que los hechos se habían desarrollado por una asonada de campesinos/as bajo el mando de Gentil Duarte. Las armas de la población con las que “ametrallaron” a los uniformados constaba de palos con los que le devolvían las bombas aturdidoras y los gases lacrimógenos que les tiraban, y en ocasiones también llovían piedras, pero la mayoría del tiempo como demuestran los videos, se ve a hombres y mujeres corriendo, intentando mantenerse unidos, aunque el propósito sea mantenerlos dispersos.

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Voces del Guayabero, un proceso de resistencia desde la comunicación

Teniendo en cuenta lo anterior, el mes de junio Voces del Guayabero da a conocer que 11 campesinos fueron elegidos para representar a la comunidad en la mesa de diálogo que se instauraría el martes 09 y miércoles 10 de junio en la vereda Tres Esquinas del municipio de La Macarena.

Sin embargo, ese mismo día en horas de la tarde cuando las y los campesinos se dirigieron a las veredas donde días antes se habían presentado las confrontaciones para recoger material probatorio que sería llevado a la mesa de diálogo, se encontraron con que el Ejército apoyado por el ESMAD continuaba adelantando las jornadas de erradicación, al intentar establecer un diálogo, nueve personas fueron retenidas durante varias horas. Sin embargo, denuncian que, les robaron los documentos de identidad, celulares, una cámara, pero, además, la información fílmica recolectada para entablar la denuncia formal.

“Yo no concibo que me digan que hay que sembrar coca porque no hay nada más que hacer, la coca no la compran angelitos (…) la compran bandidos (…) y a mí que me digan que no hay manos oscuras detrás de esto, eso no lo cree nadie, no nos digamos mentiras (…) Pero que a mí me digan que se vaya el Ejército, yo no estoy de acuerdo con eso” concluía el Gobernador hablando con voz alta para hacerse escuchar en medio del malestar de las y los presentes.

Ese día, después de varios días en recuperación, apareció Gallito con su gorra roja desteñida, camiseta manga larga de Colombia, pero encima de ella una manga corta roja, un poncho tapándole y ayudándole a sostener su mano vendada y frente a los funcionarios allí presentes, habló elocuentemente sobre cómo las y los campesinos se han convertido en blanco del Ejército Nacional. “Destruyeron parte de vida, me están quitando el pan y la oportunidad de dárselo a mi familia (…) siéntense y dialoguen con los campesinos”.

***

El 15 de junio con la certeza que la vía de diálogo con las autoridades no pondría fin a los enfrentamientos entre fuerza pública y campesinos, siguieron con lo que se iba convirtiendo en rutina. Los soldados intentando erradicar, los lugareños defendiendo su sustento de vida.

-¡Un herido! ¿Dónde le dieron, dónde le dieron?- se escucha gritar a quien estaba cerca de la reportera en otro video que circulaba en redes ese mismo día.

-En las mochilas. Llevémolo rápido- Se escucha una voz y se puede ver en el video varios hombres cargando a un hombre flaco, alto, con la cara tapada.

-¡Otro herido! ¡Otra herido!- se escuchaba a lo lejos.

La camarógrafa sale a correr hacia la voz. Sin embargo, el video no alcanza a quedar completo, antes de cortar la grabación, se escucha a un hombre afirmando -¡Esos hijueputas nos están disparando!

Guayabero, 15 de junio de 2020. En el marco de un operativo de erradicación forzada, un campesino fue impactado por una esquirla en la entrepierna. @VGuayabero informó en su momento que había otro hombre herido. pic.twitter.com/kqhssWASoE

— Lina Álvarez Camargo (@LinaMC_Alvarez) February 17, 2021

Ese día el Ejército abrió fuego contra las y los campesinos, hiriendo gravemente a dos hombres adultos. Uno de ellos –como lo demuestra un video publicado- estando en una camilla en un lugar que parece ser una humilde enfermería, en bata, mostraba la herida de bala que tiene en la entrepierna y la cual le están curando. “Mire lo que me hicieron, le hago un llamado a los derechos internacionales y humanos que nos ayuden, que no permitan que el Ejército nos mate como animales”, decía un poco más tranquilo de lo que parecía en un segundo video donde se ve cómo él totalmente desnudo, tapándose únicamente el pene, gritaba de dolor y pedía que lo ayudaran. 

Víctor Jara de la organización DHOC quien se encontraba ese día allí haciendo visita de verificación, denunció que el Ejército estaba disparando directamente a los campesinos así ellos no estuvieran a un metro de las tropas, no respetó su presencia como defensor de derechos humanos y puso en varias ocasiones en riesgo a la reportera que estaba en el lugar. “No sólo fueron bombas aturdidoras ni corchos tirados por ellos, hicieron uso de las armas de dotación que es para salvar la soberanía colombiana y no para dañar físicamente la integridad de un colombiano”, concluyó.

Ese mismo día, en San Juan de Lozada vereda de La Macarena, fueron asesinados seis soldados y otros ocho resultaron heridos al parecer a manos de los grupos residuales de Gentil Duarte como lo informó el Ejército Nacional y Juan Guillermo Zuluaga mediante rueda de prensa. Noticia que por su importancia opacó los nuevos hechos de violación de derechos humanos que habían ocurrido también en el sur del Meta. En el marco de esa rueda de prensa Zuluaga lanzó un juicio de valor que estigmatizaría a las organizaciones y defensores de derechos humanos

El 15 de junio de 2020 también fueron asesinados soldados a manos de grupos residuales; ese día declaraciones de Zuluaga generaron indignación al insinuar que defensores/as de DDHH no repudiaban asesinato de uniformados y cuestionó que sí rechazaran operativos en Guayabero. pic.twitter.com/od5bI4bR4j

— Lina Álvarez Camargo (@LinaMC_Alvarez) February 17, 2021

En esa misma rueda de prensa donde participaron tanto medios locales como nacionales, afirmó que en un encuentro anterior que tuvieron con la comunidad –en Tres Esquinas- les informaron que sabían que estaban siendo presionados para salir a gritar que se vaya el Ejército “y nosotros no podemos permitir eso, debe seguir la fuerza pública haciendo lo que está haciendo (…) no puede ser un pretexto que para subsistir necesiten sembrar coca”.

Teniendo en cuenta dicha afirmación, algunos campesinos nos dijeron que, “si el Gobernador se asomara a esta zona miraría que aquí no tenemos ningunos lujos, las personas llegan aquí a sobrevivir” expresó Albeiro. Por el contrario, para Jeferson Parrado es el Gobierno el que termina llevándolos a dedicarse al cultivo de coca y rechaza que Zuluaga los exponga al afirmar que ellos representan a los grupos ilegales. “Nosotros estamos siendo obligados, no porque la guerrilla nos obligue sino el mismo Estado nos ha llevado hasta este punto. Venga Gobernador a estas tierras, nos está reprimiendo y enviando el poder militar, pero lo que necesitamos es inversión social, estamos dispuestos a un diálogo y a un cambio de economía (…) pero deje de tildarnos de guerrilleros, yo participé en una reunión y luego él en una entrevista nos tildó de guerrilleros”.

La investigación “Sur del Meta: Territorio Amazónico” del 2005, asegura que en esta región “la coca se ha vuelto la principal fuente de ingresos para la población allí asentada y ha sido fundamental en la estructuración del territorio desde los primeros años de la década del ochenta del siglo anterior”.

El documento también revela que la coca subió tempranamente por los caños y los ríos desde el Guaviare hacia el Meta y, en particular, hacia la actual Área de Manejo Especial de La Macarena, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de los colonos antiguos y de los que en la pasada década del ochenta intentaron subsistir de cultivos como el maíz, pero fue la coca con lo que lograron sobrevivir.

Es importante tener en cuenta que, en Colombia hay familias que siguen subsistiendo de los cultivos de coca, especialmente donde no se ha invertido en carreteables ni proyectos sociales. Inclusive, en 1996, 240.000 familias se sublevaron bloqueando vías y haciendo ocupaciones en todo el país, después de intensas fumigaciones como resta en la revista El Círculo Vicioso del autor Martín Jelsma, quien en el año 2001 amplificaba el sentir de las comunidades que exigían una reducción gradual fijada a un periodo de varios años con planes rurales de desarrollo localizado. Ya que, aunque se han adelantado fumigaciones y erradicación forzada, sin garantías “los campesinos simplemente cortarán más árboles y sembrarán más coca”, como concluía el gobernador de la época, Jorge Devia, debido a que las comunidades no dejaban de cultivar, sino que se iban adentrando a zonas poco habitables pues se oponían a irse a la ciudad a “pasar necesidades”. Lo que evidencia que lo que está sucediendo en la región del Guayabero y la dependencia del campesinado a los cultivos de coca no es un hecho aislado, sino persiste en la historia del conflicto armado en Colombia.

Por su parte la comunidad afirmó que son los cultivos de coca lo que les permite subsistir e inclusive tener la posibilidad de darle estudio a sus hijos. Por ejemplo, don Omar Cometa habitante de la vereda La Reforma, Puerto Rico, manifiesta que con la coca pudo darles estudio profesional a sus dos hijas. Así mismo, José Pineda de 73 años hace más de un año decidió erradicar su cultivo de coca por todas las confrontaciones que se han presentado con las fuerzas militares y decidió cultivar además del pancoger, cacao.

Esto lo pudo hacer ya que él logró darles estudio profesional a sus hijas antes de la erradicación y estas ahora les envían –a él y a su esposa- una remesa mensual para los gastos del mantenimiento del cultivo mientras ellos logran o comercializar el cacao o volver a sembrar coca.

Argumento que respalda Jorge Iván Sánchez, personero de Vista Hermosa, quien en debate adelantado en la Asamblea Departamental argumentó que, “ustedes bien saben que para ir a estos territorios lo mínimo que se le debe garantizar es un carreteable para sacar sus productos, ellos mismos nos han dicho, Personero, si nosotros sacamos productos pagando el flete ahí se nos quedan las ganancias”, quien además reprochó que por no invertir en el campo, es que los campesinos deben acudir a cultivos ilegales.

En aproximadamente 52 años de conflicto armado que se ha vivido en Colombia, cientos de municipios han hecho el tránsito entre cultivar coca, amapola y/o marihuana a cultivos de pancoger, mora, cacao, entre otros; ligado al mejoramiento de la malla terciaria, a los carreteables en zonas rurales y en algunas ocasiones a la oportunidad de acceder a proyectos productivos sustentables. Sin embargo, en el Guayabero, las familias argumentan no contar con garantías para realizar una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y por ello siguen dependiendo del “cultivo maldito”, como se le conoce a la coca por estar ligada a la financiación de grupos armados y bandas delincuenciales.

Pero esto no significa que no quieran dejar de cultivar un producto que, en palabras de ellos mismos, simplemente sirve para suplir lo básico, pero no para amasar grandes fortunas.

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El 16 de junio en la Asamblea del Meta se llevó a cabo una socialización del informe de derechos humanos sobre la situación de líderes comunitarios en las zonas aledañas del río Guayabero según petición de los diputados, en el que Norma Yaneth Baquero, secretaria de Derechos Humanos del Meta hizo lectura de lo siguiente: «el de Juan Guillermo Zuluaga es un gobierno garantista en cuanto a derechos humanos (…) nada más férreo en el cumplimiento de la ley, que un gobierno firme para enfrentar los delincuentes. Este Gobierno rechaza tajantemente la utilización de armas y acciones para constreñir, presionar, intimidar, extorsionar o atentar contra el bienestar físico de la ciudadanía”. 

Así se desarrolló todo su discurso por alrededor de 15 minutos, pero en pocas palabras no se va a velar por garantizar los derechos humanos de “delincuentes” pues talan, siembran coca y viven en donde hay control territorial de grupos armados, pero que además no era una situación nueva, ya que desde el 2018 se han presentado estos hechos. Frente a la declaración que podría tildarse como indolente por parte de la funcionaria, el diputado Oswaldo Avellaneda afirmó “Me deja entre preocupado y triste su informe, porque tras del hecho que lo lee, hace una lectura muy mala del informe que acaba de presentar. Preocupante y triste el panorama para las víctimas del departamento del Meta (…) ni contextualiza, ni le cuenta a la gente qué está pasando en la zona sur del departamento”.

“Hay heridos, hay situaciones extremas que ustedes no han abordado (…) los campesinos no están armados, están reclamando el cumplimiento de los acuerdos pactados en el punto cuatro y toda la parte social que converge a la marginalidad y el olvido en el que están estas comunidades a quienes hoy están reprimiendo a través de la fuerza pública (…) no se compadecen de la situación que están padeciendo estas comunidades ¿Y quiénes son responsables? Pues ustedes” evidenció en ese espacio como lo haría también en medios de comunicación, la lideresa Islena Rey, quien increpó a la funcionaria por gastar el tiempo de su intervención explicando qué son los derechos humanos y cómo funcionan las mesas de derechos humanos, en vez de aterrizarlo a los hechos violentos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 20 de junio del año pasado, mediante comunicado público de Voces del Guayabero, informaron que las y los campesinos se retirarían de la vereda Tercer Milenio. Así mismo, ese día enviaron una carta a la Procuraduría, exigiendo se investiguen las declaraciones que dio el Gobernador del Meta a NTN24, ya que, estaba dándole argumentos a grupos paramilitares para convertirlos en blanco de objetivo militar, o peor, en nuevos falsos positivos.

Entre el 20 al 25 de junio nuevamente se generaron confrontaciones entre la comunidad y la fuerza pública, que derivaron en que una mujer denunciara que, por culpa de los gases lacrimógenos y la situación tan violenta, abortó al hijo que esperaba tener dentro de seis meses.

«Quiero denunciar al Ejército Nacional, echaron gases lacrimógenos, yo estaba embarazada y perdí mi bebé (…) soy hipertensa, me comenzó mucho dolor bajito y cuando fui al baño pues me di cuenta que perdí al bebé (…) me dijeron que tenía que irme para la ciudad de Villavicencio», contó con voz entrecortada Gloria Edith Mondragón a Voces del Guayabero, ella no estaba completamente segura de su embarazo hasta que por la pérdida de sangre acudió al centro de salud más cercano y fue informada de la situación.

El 23 de junio hizo presencia en la zona la Defensoría del Pueblo regional Meta y Guaviare, pero dicho encuentro había sido acordado con la presencia de Carlos Negret, quien hasta ese momento era el Defensor del Pueblo. Por ello, volvió a programarse otra reunión tres días después, no obstante, el funcionario no llegó dejando alrededor de 500 campesinos de diversas veredas con la intención de denunciar agresiones por parte de los militares, sin oportunidad de ser escuchados. En entrevista a El Espectador Negret aseguró que no había podido asistir por problemas generados por las aerolíneas y que impidieron que volara a la zona, pero aseguró que ya estaba tramitando cuatro quejas individuales y seis colectivas.

Yoanny Yefer Vanegas excombatiente y quien se había convertido en líder de la comunidad apareció sin vida por impactos de bala en la vereda Picalojo, un día después que la comunidad se quedó esperando la visita de Negret. Son varios interrogantes los que surgen en torno al asesinato del líder quien incluso participó en la mesa de concertación en Tres Esquinas, La Macarena y quien ese día debía llevar unos papeles a San José del Guaviare. 

En primera medida, la vía que debía transitar lo llevaría directamente a un sector conocido como Capricho, sin embargo, su cuerpo apareció junto a su moto a orillas de la carretera en el cruce conocido como Choapal en Picalojo, donde lo encontraron dos jóvenes quienes hicieron la respectiva denuncia. Ese mismo día, el Ejército se llevó al hermano del occiso y lo retuvieron durante alrededor de seis horas, le hicieron quitar la camisa, le hacían preguntas y concluyeron que «ese no era, ese no era, por los tatuajes» y de ahí se lo llevaron en helicóptero a La Macarena, luego de ser liberado tendría que enterarse que su hermano había sido asesinado. Debido a ello la comunidad pide que se esclarezcan los hechos sobre quién terminó con la vida del excombatiente y cuál es la relación del Ejército con ese lamentable hecho.

Para esta fecha, el tema central del derecho de todos y todas a la protesta pacífica y las preocupantes denuncias de violación de derechos humanos específicamente en las veredas del Guayabero, estaba totalmente desviado, ya que, el argumento al que se aferraron especialmente las fuerzas militares, fue que el proceso de resistencia de estos campesinos y campesinas durante las últimas dos semanas –para esa fecha-, estaba totalmente ligado a Grupos Armados Organizados Residuales.

Debido a lo anterior, dialogamos con habitantes del Guayabero para saber si tenían conocimiento sobre el constreñimiento del que habían sido víctimas habitantes de algunas veredas de Vista Hermosa, frente a lo cual explicaron que “no tenemos conocimiento de la multa de diez millones que le cobraron a la gente, pero sí es de conocimiento general que ellos cobran sus vacunas, sus impuestos, pero eso no tiene nada que ver con nosotros como campesinos”.

Lo que sí adelantaron como campesinos fue dividir las cargas que les significó el plantón permanente en Tercer Milenio y el Silencio, por lo cual, terminado el plantón hicieron la sumatoria de lo que se le debía a las y los comerciantes de Puerto Cachicamo que estuvieron proporcionándoles el alimento, entre las 52 veredas participantes de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y La Macarena, descontando lo que fue donación, pues resaltan que mucha comida que les proporcionaron fue como acto de apoyo, pero también tuvieron que gastar bastante dinero en drogas para los aproximadamente 50 heridos que hubo en los 33 días de plantón. 

Luego dividieron el valor de lo adeudado en partes iguales, pero aclararon que las veredas que habían llevado remesa como plátano, yuca, entre otros alimentos, también recibían un descuento según la cantidad que proporcionaron y así finalmente cada territorio terminó aportando la parte que le correspondía y pagaron sus deudas, ya que no podían hacer quebrar a quienes durante casi tres meses estuvieron fiándoles lo solicitado. Por ende, esperan que ese proceso de cooperación y solidaridad no sea el argumento que para ese momento utilizaba la fuerza pública al referirse que había vacunas entre ochocientos mil a cinco millones de pesos que estaban cobrando «grupos guerrilleros».

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El 01 de julio se presentó nuevamente la oportunidad de dialogar con la institucionalidad y con la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular en la Alcaldía de San Vicente del Caguán vía internet, no obstante, dicha reunión no llegó a ningún termino ya que en circunstancias que las comunidades califican como “sabotaje y boicoteo”, no había condiciones de conectividad ni logística.

Así mismo, denunciaron que tan poco existían garantías de seguridad, ya que en varias ocasiones individuos en motocicleta de placas BDH 36F estuvieron tomándoles fotos como si su intención consistiera en individualizarlos, lo que para ellos podría ser un riesgo para su vida, aún más con el reciente asesinato de un vocero de las manifestaciones adelantadas desde el mes de mayo.

Con el transcurrir de los días, los operativos ya no solo estaban en Tercer Milenio, sino también en las veredas El Silencio y Caño San José. En esta última, el 10 de Julio, Luis Fernando Valoy Potes fue víctima de un artefacto explosivo, mientras se acercaba con el presidente de junta de acción comunal a dialogar con el Ejército antes que empezaran los procesos de erradicación. La comunidad denunció que días antes transitaban por ese lugar sin peligro de las minas antipersonales y que fue con la llegada de las tropas que la situación cambió.

Además, Gallito en entrevista a la Liga contra el Silencio, denunció que su compañera Maritza Montoya intentó cubrir ese día los operativos, pero no solo no se lo permitieron, sino que además le hicieron borrar lo poco que había grabado, lo que seguiría constituyendo una clara violación.

Debido a lo anterior, se estableció una Misión Humanitaria por la Vida y por la Paz en el sur del Meta y la cual visitó cuatro veredas del Guayabero: Tercer Milenio, El Silencio, Caño San José y Nueva Colombia, allí pudieron evidenciar y posteriormente denunciar que: las tropas han quemado viviendas; han destruido casas; se dañaban herramientas de trabajo; audio de oscar con Soundcite han destruido cultivos de pancoger; quemaban ollas, colchones; mataban y se comían las gallinas, pollos, marranos y vacas; cortaban las mangueras de agua con las que las y los campesinos se suministran del servicio de agua, entre otras acciones que parecen tener la intención de sacarlos del territorio. Adicional, expusieron la persecución que han sufrido las y los reporteros de Voces del Guayabero.

A raíz de esto, las 24 familias de Caño San José y Tercer Milenio estaban pasando hambre, pues se quedaron sin sus cultivos de pancoger. Pero, además, como quien puede prever lo que va a pasar. La Misión humanitaria advirtió que en pocos días podría llegar el operativo también a la vereda Nueva Colombia. Peor aún, advierten que, “vimos el miedo en los rostros de la población local, por la amenaza de militares que, durante los distintos operativos, gritaban “no se preocupen por nosotros, preocúpense por los que vienen detrás de nosotros, vivan las AUC”, recordándoles amenazas que se concretizaron en el pasado.”.

Ante eso, Diego Trujillo, Procurador para asuntos ambientales y agrarios, dijo al medio de comunicación Colombia2020 que, “este es un tema que la Procuraduría asume con mucha prudencia (…) en donde mafias del narcotráfico aprovecha las necesidades que tienen estos campesinos y donde no hay presencia del Estado (…) la Procuraduría ya ha empezado a pedir esa rendición de cuentas, para que nadie pueda actuar de manera ligera y con los abusos que se están presentando en el territorio. Nuestro papel hoy en día es como garantes y mediadores y no podemos tomar un partido inmediato”, explicaba pues consideraba que los prejuicios podían separar a las partes aún más, pero que está comprometida con los derechos humanos de la comunidad rural, ya que, “la guerra contra el narcotráfico” no significa que se pueda permitir un mal uso de la fuerza, por lo que, van a investigar sobre estos “presuntos abusos”.

La Misión Humanitaria por la Vida y por la Paz, denunció también una situación sumamente peligrosa para las mujeres, el que muchas de ellas han sido amenazadas con ser violadas, como históricamente ha sucedido en territorios donde se desarrollan conflictos bélicos y los cuerpos de las mujeres han sido usadas como botín de guerra. Algunos relatos que meses después conoceríamos en la zona, era sobre el constante acoso al tener que caminar las trochas por donde había uniformados, especialmente si iban solas.

Pero ni siquiera cuando iban en bloque se libraban de ser acosadas, recuerdan un día que mientras iban del centro poblado de Nueva Colombia a la finca de uno de los reporteros de Voces del Guayabero, les gritaron: “¡Estas hijueputas están buenas para darles por el culo!” como quien con cada frase reafirma su virilidad y se impone apoyado de las armas como el gran “macho alfa”, el que se vuelve más hombre cada vez que acosa, pero también como una evidente forma de provocación e irrespeto tanto para ellas como para todos los presentes.

Cuando estuve en Nueva Colombia donde gran parte de esos días almorzaríamos en una de las fincas del sector, dialogué con una de las niñas de la casa, ella asumía su responsabilidad como mujer en este proceso de resistencia, ayudando a cuidar a su hermano menor para alivianar la carga de su mamá poner soudcite, quien debía encargarse de preparar la comida junto con otras tres mujeres, para alrededor de 50 comensales. Así mismo ayudaba en las tareas más sencillas de la cocina, pero así se pasaban sus días, entre ayudar en la fuerte carga que tenían que asumir por ser su casa el sitio de reunión, pero a la vez diligenciar las guías que les dejaban en el marco de una educación en tiempos de pandemia.

Es curioso que para los niños, niñas y jóvenes de las veredas donde se concentraban los conflictos, era mucho mejor que les dejaran trabajo en casa y que solo ciertos días tuvieron que asistir a la escuela, pues temían tener que trasladarse de sus fincas a varias horas de camino, para llegar a la escuela ubicada en el centro poblado. “Mucho miedo porque eso es nuevo para mí (…) tengo que ir a presentar los trabajos y los profes nos dicen que tengamos mucho cuidado por el camino porque ellos ya saben por dónde tenemos que pasar nosotros (…) así como está la situación yo casi no puedo ir, porque me expongo mucho” me cuenta Yenifer Hurtado, con un poco de nervios al tener que hablar ante un micrófono.

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Colombia cerraba el mes de junio con la noticia que una tutela ordenaba frenar la erradicación forzada en resguardo indígena del pueblo Awá, ya que, a partir del asesinato de Ángel Narciso Nastacuas en el marco de un operativo en el resguardo Inda Sabaleta en Tumaco, mediante este mecanismo de participación ciudadana que ampara los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por cualquier entidad pública.

En este caso, amparados en la vida, la salud, el debido proceso y un mínimo vital, solicitaron la suspensión del proceso de erradicación en el que se ha concentrado el Gobierno Nacional bajo la premisa de erradicar ciento treinta mil hectáreas de coca en el país. Múltiples tutelas se presentaron en territorios PNIS de ocho departamentos donde se han concentrado los operativos como Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Córdoba, exigiendo además el cumplimiento del punto cuatro del Acuerdo de Paz que debería lograr una solución al “problema de las drogas ilícitas”, en el que es claro en concluir que en Colombia se debe hacer un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”.

Los operativos se han concentrado en zonas donde a través del PNIS, campesinos y campesinas erradicaron, según cidras de la ONUDC 34.767 hectáreas de coca de manera voluntaria, representando un 94% de cumplimiento con tan solo un 0,6% de resiembra, lo que evidenciaba en su momento que la sustitución era mucho más factible para el país que la erradicación forzada. Empero, el Gobierno Nacional no ha cumplido –como lo analizaremos en una próxima publicación-, por lo que muchas familias han tenido que nuevamente sembrar, otras han sufrido desplazamientos y otras siguen esperando el cumplimiento total de lo acordado.

Pese a las peticiones de las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y que incluso Defensoría del Pueblo mediante comunicado de presenta recomendaron que se cumpliera la ruta establecida en el Acuerdo de Paz y que se priorizara el cumplimiento de la sustitución sobre la erradicación, los operativos continuaron. Según la Comisión Colombiana de Juristas, desde el 2016 a julio del 2020 se habían presentado 95 incidentes entre fuerza pública y sujetos de especial protección, pero solo en el 2020 han ocurrido 51 de ellos. También denunciaron que en el 20% de los casos hubo uso de armas de fuego y en el 19% resultaron personas heridas.

Hasta ese momento todas las tutelas interpuestas habían sido negadas en primera instancia, por lo que, las organizaciones y comunidades involucradas, apelaron y en segunda instancia dos de ellas fallaron a favor de las y los cultivadores. La primera de ellas, la del resguardo indígena Awa suspender de inmediato los operativos y respetar el derecho a la consulta previa que acoge a los pueblos indígenas.

La segunda pondría freno a la erradicación en Cajibio, Caloto y Piamonte, como lo profirió el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, amparados en el Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional, en dónde según jerarquía, se debe priorizar la sustitución. La respuesta del Ministerio de Defensa frente al logro de las comunidades en su lucha por la protección de los derechos humanos, fue anunciar la “hora cero” para iniciar fumigación por aspersión aérea con glifosato ya que lo más importante es combatir el crimen y el narcotráfico.

Para el 07 de agosto, documentábamos en El Cuarto Mosquetero que continuaba la persecución al reportero Fernando Montes quien fue a documentar el proceso de resistencia de las y los campesinos frente a las jornadas de erradicación. Cuando los uniformados lo vieron le dijeron “usted es el fotógrafo, pero de la guerrilla, no se le dé por nada cuando lo cojamos y lo hagamos picadillo”. Denunció que en dos ocasiones tres soldados le dijeron “tranquilo hijo de puta, la próxima vez no le volamos solo un dedo” y lo que le parece aún más grave, es que le dijeron que él estaba ayudando a poner minas antipersona. Este tipo de aseveraciones tomadas a la ligera ponían al reportero en el ojo del huracán.

La confrontación llegó a tal punto, que el 08 de agosto alrededor de las 9:00am era tendencia nacional #SOSGuayabero, ya que, con apoyo de organizaciones sociales y de los canales de comunicación de Voces del Guayabero se conoció que había múltiples personas retenidas, heridos y constante cruce de disparos.

Hasta ese momento informábamos desde El Cuarto Mosquetero que un campesino había sido gravemente herido, al igual que tres soldados. Los pronunciamos que dieron en medios nacionales tanto el Ejército como autoridades departamentales fue que un gran número de campesinos quedaron en medio del fuego entre el frente séptimo de las disidencias y el Ejército y que había una persona desaparecida identificada como José Merardo Cardona.

Imágenes de apoyo de Voces del Guayabero

Imágenes de apoyo de Voces del Guayabero

Video Voces del Guayabero

Llegué al Guayabero junto con mi compañero Edilson Ariza por la vía Puerto Rico, así que sin siquiera haber arribado a Nueva Colombia, donde actualmente se concentran las confrontaciones entre la fuerza pública y los campesinos, las primeras quejas de habitantes de las veredas de este municipio, fue que su “peor error” fue acogerse al PNIS, ya que no les han cumplido lo pactado en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que ha generado desplazamiento, pobreza y/o que nuevamente se tale selva virgen para cultivar coca, el único producto que en territorios de difícil acceso, les da lo del plante y les deja para suplir los gastos básicos del cultivador y su familia.

Para llegar a Nueva Colombia por la vía de Puerto Rico en tiempos de pandemia, hay que tener transporte propio y un permiso de la Junta de Acción Comunal, pues el ingreso es restringido, ya que allí aún pueden vivir tranquilamente libre de covid-19, sin tener miedo de salir de la casa, incómodos con lo que supone usar tapabocas para trabajo de campo y distanciarse en un lugar donde todos viven como si fueran hermanos.

En primera medida viajamos en moto desde Villavicencio a Puerto Rico, alrededor de cuatro horas, seguidamente se toma un camino sin pavimentar, donde ya una moto que no es para trocha, debe andar con cuidado, pero con la suficiente velocidad para evitar que de camino lo coja la lluvia, o sino sí empezaría el viacrucis, como nos explicaban pobladores de este municipio. Después de 10 minutos se llega al “ferry”, un planchón que transporta desde una orilla a la otra, a motociclistas y hasta a carros pequeños para que el Ariari no se convierta en un obstáculo.

Guayabero: el inicio de historias en el olvido

Después de aproximadamente tres horas de camino y pasar algunos puestos de control que han puesto las Juntas de Acción Comunal para controlar el acceso de personas que posiblemente podrían tener el virus y llegado el caso ponerlas en cuarentena en lugares que han destinado para ello –una realidad de casi todo el Guayabero, pero también de muchas zonas rurales del país-, se llega a La Esperanza, en donde la vía aún es relativamente uniforme. “Sí, esta es una autopista”, me dijo un campesino cuando le preguntamos si faltaba harto para llegar y si toda la vía era igual de fea. Desde ahí es hora y media de una trocha con partes más feas que otras, hay mucho barro, pero los conductores expertos ya saben en qué parte patinan menos, pero eso no evita que muchos se caigan allí.

Guayabero: meses de estigmatización y desamparo

Al llegar al Guayabero, comprendí que, desde hace 108 días –a esa fecha-, todas sus mañanas empezaban igual, la mayoría de campesinos se van a los “tajos”, lugares donde están sus pequeños cultivos y donde hay presencia de la fuerza de Tarea Conjunta Omega a erradicar. Gran parte de las mujeres se quedan en el casco urbano encargándose de la educación de sus hijos y la comida para quienes no van a tropelear, pero disponibles para acudir a la ayuda de sus esposos, hijos y padres si la situación empieza a salirse de control; otras/os se encargan de la elaboración de los alimentos para quienes están cuidando su fuente de sustento y otros pocos, los llamados “raspachines” en la jerga popular, se van a trabajar, porque de ellos depende también toda la comunidad y garantizar ingresos en unos meses donde no han podido llevar a cabo lo que son para ellos sus jornadas laborales. Después de algunas horas raspando, llegan a los puntos a respaldar los plantones pacíficos que adelantan los habitantes de las veredas que componen este territorio.

Guayabero: el miedo entre ráfagas de fusil

En este territorio, todas y todos han estado relacionados directamente con el conflicto armado. Vieron transcurrir sus días observando como autoridad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, quienes incluso históricamente en zonas donde tenían presencia, fomentaban los trabajos comunitarios en la construcción de carretables, escuelas, entre otras. Muchos, o se fueron a hacer parte del grupo armado o tienen un primo, un hermano, un vecino o un amigo que engrosaron las filas de combatientes. Algunos tuvieron que ser desplazados o ver desplazarse a alguien cercano que tuvo desencuentros con este actor armado y/o cualquier otro que haya entrado al territorio y finalmente, también perdieron vidas en el marco de un conflicto que duró más de 52 años y que aún no termina.

Por ello, me encontré con campesinos, desplazados, víctimas del conflicto armado, pero también con excombatientes que hacían parte de los plantones permanentes. Todos protegiendo el cultivo que los alimenta a ellos y/o a sus familias, o exigiendo por lo menos que todo se haga de manera concertada, dialogada y no por la fuerza.

Huirle a la verdad, una forma de pervivir en un territorio en conflicto

El tiempo apremiaba y aunque los operativos se estaban concentrando en Nueva Colombia, debíamos ir a La Reforma y a La Tigra, ya que, allí podríamos dimensionar lo que significaba el incumplimiento del PNIS. No obstante, al campesinado del sur del Meta le preocupaba quedarse sin el equipo de periodistas cubriendo los operativos, pues mientras hay personas externas en la zona, normalmente los militares evitan hacer uso de la fuerza para erradicar; Mario decidió quedarse, nosotros continuamos en dos motos en trochas con bastante greda, luego recorreríamos Caño Cabra en canoa disfrutando de hermosos paisajes, comprendiendo la belleza selvática.

En La Reforma visitamos un laboratorio mientras recogíamos testimonios de las personas que allí habitan y quienes nos esperaban para contarnos sobre su miedo a la fumigación aérea, a que los operativos llegaran a éstas zonas -semanas después así sería- cómo habían sufrido años antes con la arremetida militar y que mientras algunos tenían puestas sus esperanzas en el programa de sustitución, otros simplemente continuarían subsistiendo del único cultivo que era rentable para ellos, la coca. Seguidamente nos dirijimos a La Tigra donde estuve a punto de dudar si era una vereda habitada.

Cuando decendimos nos encontramos con un silencio sepulcral, casas cayéndose a pedazos, solo al fondo el ruido del río, pero no había ni perros como en las otras veredas que solían abundar. Después de caminar por un callejón, nos encontramos a dos mujeres sentadas tomando Costeñita, nos miraron con desconfianza, saludaron a Gallito quien es querido en la zona por todos y nos dijeron que aprovecháramos que detrás del colegio, en el billar, había reunido un grupo relativamente grande de personas ya que el día anterior habían adelantado una gallera en la vereda. Fuimos, eran en realidad tan solo cinco personas, pero fueron suficientes para comprender que en La Tigra las familias tuvieron que desplazarse cuando no les cumplieron con el PNIS y se quedaron sin qué vivir, las pocas que resistían ya no temían a las amenazas del Gobierno si incumplían los acuerdos, ellos estaban sembrando de nuevo.

Tanto el grupo de personas, como las dos mujeres evidenciaron que se encontraban sin promotora para el puesto de salud, sin docentes para que los pocos niños que quedaban estudiaran y con incertidumbre sobre lo que les depararía el futuro como comunidad.

El 26 de agosto madrugamos con Gallito para Caño Cabra, allí podríamos llegar por tierra, así que decidimos dividirnos en equipos. Edilson y Mario permanecerían en Nueva Colombia que es donde se están concentrando los operativos y yo me iría con el reportero de Voces del Guayabero para la vereda donde días después llegarían las tropas del Ejército a erradicar. Podría narrarles con detalles el miedo que viví al irme en la moto con este campesino sonriente, quien llevaba varios meses sin poder manejar moto a causa de su mano herida y quien en realidad no podía hacer mucha fuerza para maniobrar la moto, pero teniendo en cuenta la urgencia de visitar el mayor número de veredas durante nuestra estadía en el Guayabero, tuvo que asumir el reto de recorrer 40 minutos en una trocha dura y yo asumir el reto de no demostrarle mi desconfianza. Del piso no podíamos pasar.

En el Guayabero no para la zozobra

En realidad, nos rindió, tuvimos el tiempo suficiente para hablar con el docente de la escuela, con estudiantes, con padres de familia, visitar un laboratorio bastante alejado donde procesan la coca y hasta dialogar con integrantes de la Junta de Acción Comunal. Antes de las 2:00 de la tarde ya estábamos de regreso en el centro poblado de Nueva Colombia, varias horas antes que mis compañeros, quienes llegarían cayendo la tarde. Pero algo había sucedido.

-Imagínense que a Edilson lo hirieron- le comunicaba esta mujer mayor, de cabello gris con abundantes ríos de cabellera plateada, a Gallito.

-¿Cómo así? ¿Qué pasó?- preguntó asustado.

-¡Yo no sé! Eso por allá se puso feo, y le cortaron con una peinilla el pie- le respondió un poco tosca doña Eulalia. Seguidamente me miró.

-Debería ir a grabarlo, todavía no se ha dejado hacer curación-

Así que nos fuimos a hablar con su hijo, el hombre que había sido herido esa mañana en la que se presentaron nuevamente confrontaciones entre la comunidad desarmada, con el Ejército Nacional. En primera medida lanzaron disparos al piso al parecer para dispersar a los campesinos, quienes adelantaban una barrera humana de manera pacífica. Sin embargo, mientras un grupo exigía a las tropas que respetara sus garantías durante el plantón pacífico que adelantaban, Edilson fue herido por un arma corto punzante en su talón. La “peinilla” atravesó la bota y le causó una herida que requirió que fuera atendida en el caserío, por lo que fue trasladado de inmediato.

Sin embargo, el ataque a Edilson Herrera significó que los ánimos de ambas partes se tornarán tensionantes, pero después de algunos incidentes, todo terminó sin más heridos. La comunidad teme que con el paso de los días puedan aumentar las agresiones, especialmente cuando los periodistas de El Cuarto Mosquetero y de otros medios que nos encontramos en la zona, retornemos a nuestras oficinas.

Horas después me encontré con mis compañeros, quienes me contaron que fueron al terreno donde el 08 de agosto tuvieron retenidos a los jóvenes. En las fotos se puede reconocer un gran número de cartuchos de diversos tipos de armamento acumulados por los lugareños para evidenciar lo sucedido, la cantidad de balas debió ser proporcional al miedo que tuvieron quienes estaban en medio del fuego cruzado. Pero también había partes de camuflado, donde probablemente quedaron mutilados los soldados luchando una guerra ajena y quienes activaron las minas puestas por grupos residuales, detonante para que las tropas activaran su armamento y que en el medio quedaran las y los campesinos.

Al día siguiente fuimos sólo durante la mañana al plantón permanente en la vereda de “Los Dantos”, una pareja de campesinos acuerpados, de piel trigueña donde la gente acostumbrada a usar sobrenombres, los puso de ese modo al asociarlos con esta raza de mamíferos.

Ella es excombatiente, pero prefiere no hablar de ello, allí las personas temen reconocer su pasado debido al proceso de estigmatización que se vive en la zona. Muy poco pudimos hablar, pero vi cómo sin descanso preparó los alimentos de quienes estaban en ese punto donde el Ejército algunos kilómetros más allá durante varios días había intentado adelantar su tarea de erradicar. Nos llamaron por el radio, pedían la presencia de prensa, en ese momento estábamos Gallito, Edilson y yo.

De camino nos encontramos con Mario junto con otros campesinos, no los habían dejado pasar hasta donde se encontraban los campesinos cuidando los tajos.

-¿Por qué no podemos pasar?- pregunté a dos soldados que estaban impidiendo el paso.

-Porque tenemos la orden de no dejarlos pasar-

-Nosotros somos de prensa, solo vamos a tomar unas fotos-

-El camino es peligroso-

-¡Pero qué va a ser peligroso si nuestros compañeros acabaron de pasar!- empezaron a refutar los campesinos con los que nos encontrábamos.

-Eso es ustedes, con ellos es diferente, hay minas por estas zonas-

-Por acá no hay minas, todos los días pasamos por acá- respondió uno.

¿Ósea que, si aquí hay minas, ¿por qué nos dejan pasar y a ellos no? ¿Nuestras vidas no valen acaso? Le respondió indignado otro.

-No es eso, es que ellos son de prensa, si les pasa algo nos metemos en problemas-

-¿Pero si allá están los campesinos, por qué nosotros no podemos pasar? Nosotros no nos salimos de los caminos- le respondimos como equipo de prensa.

-Es que están haciendo unos operativos, es peligroso pasar-

-¿Operativos de qué?-

-Nosotros estamos hablando con ellos por radio, y nuestros compañeros nos dicen es que están erradicando, nada más-

Silencio por parte de los uniformados.

-¿De qué son los operativos?- le pregunté.

-Están desactivando una mina- respondió.

Después de 20 minutos, llegaron más y más campesinos, no hubo forma de no dejarnos pasar, la excusa de estar desactivando un artefacto explosivo fue desmentido por los campesinos que estaban más adelante, al final dijeron que los foráneos podíamos pasar bajo nuestra responsabilidad. Avanzamos, efectivamente no había ningún operativo, sólo estaban erradicando, los campesinos llegaron a no permitirlo, esta vez, el Ejército no intentó hacerlo por la fuerza, simplemente se retiró de la zona.

El sol estaba insoportable, la ropa sudada se pegaba a los cuerpos, pero se volvía algo rutinario, no parecía importarles, desayunamos en la zona, ya que no habíamos alcanzado a hacerlo antes, en varias partes había sido deforestado recientemente, por lo cual, en donde nos sentábamos, también se nos tiznaba la ropa. Al final, al ver que no teníamos mayor información que recoger en la zona, nos fuimos al pueblo para entrevistar a las demás personas y a tener las últimas clases con el equipo de Voces del Guayabero.

Al día siguiente nos levantamos muy temprano, nos bañamos a tinadas, tomamos un rico tinto de doña Eulalia, nos despedimos de Mario quien estaría otros días más en la zona, le deseamos lo mejor a Gallito con quien hablamos prácticamente todos los días desde entonces, pero nos tocó esperar varias horas hasta que se desvaró una de las motos en la que nos iríamos.

A mí me tocó con un hombre bajo, de contextura gruesa, de quien desconfié en un principio de su habilidad en la moto, ya que ésta parecía ser demasiado grande para nosotros dos, pero resultó ser un buen conductor, mientras que a Edilson lo veía por momentos casi en el piso de lo rápido que iban en tremenda trocha tan complicada con el joven que lo llevaba. Quien me transportaba no creía en el Acuerdo de Paz y consideraba que, de seguir el incumplimiento, iba a aumentar el número de combatientes en los grupos residuales al mando de Gentil Duarte, porque en las zonas rurales muchos jóvenes suelen ver a los actores armados como la salida a todos sus problemas y terminan creyendo que la vía armada es la que cambiará al país y de paso al país vecino, porque allí también tienen incidencia las FARC-EP, ya sea a través del negocio del narcotráfico o porque responda a otros intereses.

Cuando llegamos a La Esperanza en Puerto Rico, tenía poco tiempo a mi favor, el cielo presagiaba lluvia y nuestra moto no estaba preparada para ello, por lo que, solo entrevisté a la madre que denuncia que su hijo es una nueva víctima de falso positivo –el joven había sido asesinado hacía dos meses para esa fecha-, pero no pude profundizar sobre la percepción que tienen las y los habitantes de la zona, sobre el PNIS.

Pero antes de lo esperado empezó a llover, habíamos avanzado muy poco desde que salimos de La Esperanza, pero lo suficientemente lejos para saber que la moto ni avanzaba, ni se podría devolver, una simple lloviznita había transformado el carreteable polvoriento, en un gredal donde sólo las motos altas avanzaban y no sin cierta dificultad; había que ser muy diestro manejando, si en cada patinada no iba a parar al suelo.

Después de varias búsquedas en fincas vecinas para encontrar la herramienta para desbaratar parte de nuestra moto para poder salir, logramos la indicada y pudimos avanzar hasta la “y” donde se despedirían de nosotros los dos conductores bondadosos que compartieron con nosotros parte de las peripecias de ese día. Edilson y yo continuaríamos avanzando con desazón de imaginar que no llegaríamos hasta el planchón antes de las 5:30 de la tarde para poder pasar el río y así estar muy cerca del centro poblado de Puerto Rico. Ellos en cambio se vararían y tendrían que regresar a Nueva Colombia en una sola moto.

Pero lo logramos, pasamos el plantón, en Puerto Rico armaríamos de nuevo el guardabarros de la moto –aunque yo boté algunos tornillos- y llegaríamos un poco antes de las 11:00 pm a Villavicencio.

Días después de haber retornado a Villavicencio, ya las tropas estaban arribando y erradicando en Caño Cabra, por lo que a las familias que allí habitan junto con el apoyo de veredas vecinas empezaron a hacer su proceso de resistencia.

Proceso similar vivieron las y los habitantes de las tres veredas donde la comunidad puso sus esperanzas en el programa de sustitución e hizo erradicación voluntaria. En Laguna Gringo, La Reforma y La Tigra en el municipio de Puerto Rico, las y los beneficiarios alcanzaron a recibir la Asistencia Alimentaria Inmediata, que consistía en un pago mensual de $1.000.000 de pesos por 12 meses que, aunque no se entregó en los tiempos establecidos, sí llegó a la mayoría de familias inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS

Fue así como el 15 de septiembre se estableció el espacio humanitario permanente en el Guayabero, entre varias organizaciones que hicieron parte de la Misión Humanitaria por la Vida y por la Paz en el mes de julio, entre ellas DHOC, la Corporación Norman Pérez Bello, Anzorc, entre otras, con apoyo del Movimiento Sueco por la Reconciliación. La cual, desde la fecha de llegada, hasta el mes de diciembre del 2020 que disminuirían los operativos focalizados de las tropas, estuvo acompañando a la comunidad, y denunciando las violaciones de derechos humanos que empezaron a generarse en las veredas cercanas a Nueva Colombia.

La presencia de los delegados en el espacio humanitario, inicialmente logró disminuir los conflictos generados entre las tropas y la comunidad.

-¿Ustedes llegan y se retiran las tropas de Nueva Colombia, pero se trasladan a veredas como Caño Cabra, La Tigra, La Reforma?-

-No sé si es exactamente porque nosotros llegamos, pero sí ha venido sucediendo que la estrategia que viene utilizando la Fuerza de Tarea Conjunta Omega es que, empezaron en Tercer Milenio y van bajando, llegaron hasta La Tigra, que es el punto más extremo y se empiezan a devolver. Lo que sí ha pasado es que la presencia del espacio humanitario ha cumplido un papel de disuasión frente a la fuerza pública. Aunque se siguen presentando violaciones de derechos humanos, sí hay que decir que el nivel de amenaza que significa la tropa para los campesinos, bajó, y por lo menos están pensando un poco más lo que hacen-

-Para mí lo que sucedía en el Guayabero está subiendo a un nivel que podría desencadenar una tragedia para el país, pero la percepción es que sí se desescaló la intensidad de la violencia con la presencia de este espacio-

-Se desescaló la intensidad y la frecuencia de las violaciones de derechos humanos por parte de la tropa, porque sí iba en ascenso, pero sí se siguen presentando- me contaba Oscar Martínez de la Corporación Norman Pérez Bello, quien justo estaba por viajar nuevamente al Guayabero –a relevar al defensor de derechos humanos que se encontraba en ese momento en el espacio- ya que, aunque existe una tensa calma en el territorio durante las fiestas decembrinas, las jornadas de erradicación continuarían y por ende la presencia de éste espacio debía ser permanente.

Durante los meses que ha estado el espacio humanitario en el Guayabero, pero especialmente el año pasado, tuvieron un gran reto, al igual que el equipo de Voces del Guayabero, ya que, tenían que estar pendientes de las tropas en Nueva Colombia, Caño Cabra, pero además las que recientemente habían llegado a hacer proceso de erradicación en veredas como La Reforma, pero especialmente en La Tigra.

Archivo: Voces del Guayabero.

En La Tigra, Puerto Rico las y los campesinos que no se habían atrevido a irse de su territorio a pesar de estar pasando necesidades y nuevamente estar cultivando, estaban aún más expuestos. En una vereda casi deshabitada, en la que no tienen acceso a servicio de salud, educación, en la que sus vecinos y vecinas hace meses se fueron en busca de mejores garantías de vida, preservar su sustento no era una posibilidad, sino una obligación. Pero al ser tan pocas familias y estar casi a la deriva, el 07 de octubre crearon un perfil en Facebook y lanzaron un “SOS a las entidades municipales, nacionales e internacionales para que nos ayuden. El Ejército se encuentra violando nuestros derechos, están disparando y arremeten contra la vida de todos los hombres, mujeres y niños. Necesitamos ayuda urgente”.

En tres veredas la comunidad puso sus esperanzas en el programa de sustitución e hizo erradicación voluntaria. En Laguna Gringo, La Reforma y La Tigra en el municipio de Puerto Rico, las y los beneficiarios alcanzaron a recibir la Asistencia Alimentaria Inmediata, que consistía en un pago mensual de $1.000.000 de pesos por 12 meses que, aunque no se entregó en los tiempos establecidos, sí llegó a la mayoría de familias inscritas. 

No obstante, fue lo único que llegó a las familias beneficiarias, por ello se han generado dos escenarios. En el primero las y los campesinos volvieron a cultivar y procesar la pasta de coca y en el segundo, tuvieron que emigrar en busca de oportunidades de subsistencia a ciudades capitales o en su defecto a veredas cocaleras. Es por esto que, se convirtieron en un blanco relativamente fácil para adelantar los operativos de erradicación por parte de las fuerzas militares, pese a que contaban con el respaldo de otras veredas.

Sin embargo, el diálogo constante con el espacio humanitario y los procesos de formación previos a la llegada de las tropas, ya los había preparado para actuar ante casos de violaciones de derechos humanos. “A pesar que ellos a cada momento no están con nosotros, ellos nos defienden desde afuera y estuvieron aquí acompañándonos” narró a Voces del Guayabero una de las campesinas del sector.

En una vereda donde las hectáreas cultivadas no sobrepasan las tres por familia –y quedan pocas familias-, es controversial el despliegue militar para erradicar en un territorio donde lo que se debería es estar cumpliendo con el PNIS, ya que, en el 2018 esta vereda había accedido a erradicar de manera voluntaria con el sueño de cambiar su forma de subsistencia. Empero, según Ideas para la Paz, estas acciones no son nuevas “No hay una relación entre el número de hectáreas cultivadas en un municipio y los choques. De hecho, en buena parte de los municipios con choques, el número de hectáreas es bajo”.

El 19 de octubre, la comunidad de La Tigra sale a recibir a las tropas que iban a adelantar la jornada de erradicación para que no pudiera llevarse a cabo o que mediante el diálogo llegaran a algún acuerdo. Fueron recibidos con disparos al piso por parte de los uniformados para dispersarlos, sin embargo, insistieron en que debía frenarse el procedimiento y empezaron a recibir empujones e insultos. El momento quizá más duro, es ver cómo en medio de los insultos, un campesino se arrodilla, mirando para todos lados, mientras se puede ver que hay más de ellos en ese estado, amedrentados por las ráfagas de fusil.

Pero no solo los campesinos fueron agredidos, sino también Gallito, quien se encontraba acompañando la jornada, pues un líder del sector le había dicho que ese día iban a dialogar con las tropas, ya que, el campamento militar se había establecido a menos de 100 metros de una vivienda y ellos podrían quedar inmersos en un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las disidencias.

No obstante, al ser recibidos con disparos, este reportero que con el paso del tiempo fue aprendiendo a calmar su temperamento, vio nuevamente su vida pasar entre sus manos; un soldado quería dispararle «delen a ese hijueputa, delen a esa gonorrea”, recuerda que le gritaba, sintió que el militar «lo iba a partir como quien parte un pedazo de queso”, pero fue gracias a otros soldados que se llevaron y calmaron al uniformado, que tuvo tiempo de correr y alejarse en medio de la selva.

A partir de ese día Gallito fue advertido por la comunidad, que lo mejor era que no acompañara más a La Tigra y en general, evitara estar en zonas donde se generaran los enfrentamientos, ya que, podían terminar asesinándolo. Duró una semana sin asistir, ayudando a Mincho, el editor, en la publicación de contenidos. Una semana después nuevamente lo estaban persiguiendo en medio de la selva para censurar su trabajo.